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La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento contra la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), solicitando que se elimine la cuota que deben pagar los equipos de Segunda División cuando ascienden a Primera B.

La FNE acusa que esa cuota, que entre 2011 y 2017 ascendía a 50.000 UF (1.346 millones de pesos) y que hoy es de 24.000 UF (646 millones de pesos), “impide, restringe y entorpece la libre competencia en el mercado o, al menos, tiende a producir dichos efectos, al constituir una barrera artificial al ingreso de nuevos competidores y afectar seriamente la capacidad competitiva de los clubes entrantes, en detrimento de la intensidad competitiva en el mercado y, finalmente, de la calidad del producto ofrecido a los consumidores”.

La investigación de la Fiscalía se inició el 15 de diciembre de 2016, tras recibir cuatro denuncias relacionadas con la cuota de incorporación exigida a Deportes Valdivia para su ascenso a Primera B durante ese año.

En su indagatoria, la Fiscalía logró determinar que, considerando sus ingresos y patrimonio, y el difícil acceso al crédito de los clubes de Segunda División, la cuota constituye una verdadera barrera a la entrada al mercado de los espectáculos deportivos generados en base al torneo de Primera B. En efecto, resulta altamente probable que muchos de estos clubes no sean capaces de financiar la cuota de incorporación y que, por lo tanto, no puedan participar en el campeonato de Primera B al que les correspondería haber accedido gracias a sus méritos deportivos.

Asimismo, la FNE plantea que la exigencia de la cuota afecta la capacidad competitiva del club que asciende a Primera B, porque lo obliga a comprometer sus ingresos futuros por un periodo de tiempo considerable, impidiéndole invertir en el plantel en condiciones similares al resto de los clubes de la categoría. De acuerdo al requerimiento, este compromiso económico con la ANFP haría que el club desatienda temas como salarios de jugadores y cuerpo técnico, infraestructura, mejores condiciones de hotelería, traslado y divisiones inferiores.

Por todo lo anterior, la Fiscalía solicitó al TDLC que ordene a la ANFP el cese de la conducta imputada y le imponga una multa a beneficio fiscal de 5.000 UTA, equivalente aproximadamente a 4,7 millones de dólares (unos 2.782 millones de pesos).

Ante ello, el ente rector del fútbol chileno aseguró mediante un comunicado que se encuentra “estudiando el requerimiento para presentar una respuesta y seguir colaborando con las autoridades de libre competencia”.

En tanto, agregaron, “la existencia de la cuota de incorporación no ha impedido, restringido ni entorpecido la competencia entre los clubes. En efecto, todos los clubes que han ascendido deportivamente a Primera B han participado en esta categoría”.

En la misma línea, para cerrar, remarcaron que “la cuota de incorporación vigente fue establecida siguiendo criterios dados por economistas expertos y de gran prestigio”.

Fuente: BioBio

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