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Luego de 3 años de trámite legislativo, el Senado aprobó este martes, por 17 votos a favor y una abstención, la iniciativa que modifica Ley General de Telecomunicaciones para establecer sanciones a la decodificación ilegal de los servicios limitados de televisión.

La idea matriz de la nueva norma es reforzar la protección del derecho de propiedad intelectual y el derecho de autor en el mercado de televisión satelital de pago, impidiendo la comercialización transfronteriza e intrafronteriza de dispositivos o softwares con capacidad de decodificar señales satelitales encriptadas, sin la debida autorización del distribuidor legal o dueño del contenido.

La nueva normativa sancionará a quien sin la autorización del distribuidor legal, comercialice o distribuya una señal de servicios limitados de televisión adecuadamente protegida, o quien, de igual forma, importe, distribuya o comercialice dispositivos tangibles o intangibles destinados a la decodificación de tales señales. Es decir, el proyecto no busca perseguir a los clientes, sino que sancionar a quienes lucran con el negocio de la piratería de televisión satelital de pago.

Gianpaolo Peirano, Director Legal de DIRECTV Chile, dijo que “la aprobación de esta modificación a la Ley General de Telecomunicaciones es un paso muy relevante para el país, ya que nos pone al día con las normativas internacionales que tienen los países de la OCDE y recoge las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) y la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR). Establece sanciones a un negocio que está asociado a prácticas ilegales como es la decodificación no autorizada de señales de televisión, a la comercialización de dispositivos o software que la hagan posible y a quienes las distribuyen. No se busca  perseguir a los clientes, sino que sancionar a quienes lucran con el negocio de la piratería de televisión satelital de pago”.

Las multas a quienes infrinjan la normativa parten en las 10 UTM ($ 481.600) y pueden llegar a 1.000 UTM ($48.160.000). En caso de reincidencia, se sancionará con una multa de 20 a 2.000 unidades tributarias mensuales y, asimismo, el comiso de dichos instrumentos. A su vez, también se sanciona a quien instale los citados dispositivos con pena de multa de 1 a 100 unidades tributarias mensuales, o de 2 a 200 unidades tributarias mensuales si fuese reincidente.

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