Comparte
  • 15
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    15
    Shares

La demanda es laboral y se interpuso el 13 de julio de 2017. Ismael Díaz, exchofer del diputado UDI Celso Morales, buscaba que le restituyeran su puesto como personal de apoyo del parlamentario, de cuyo trabajo había sido despedido en abril de ese año.

En el documento, el conductor relata lo siguiente: “Mi remuneración mensual estaba integrada por un sueldo bruto fijo de $ 2.300.000. Sin embargo, con fecha 1 de febrero de 2015 dicho contrato fue modificado, en términos solo formales”.

Luego explica: “Debo señalar que indico que el contrato solo varió en términos formales, ya que en la realidad no se modificaron las labores, ya que siempre me desempeñé como conductor y asesor parlamentario del honorable diputado Morales y mi remuneración efectiva nunca superó los $ 500.000. Porque en la época en que esta formalmente era muy superior, tenía que entregar una parte sustancial de la misma al referido diputado”, afirmó.

Más adelante, el chofer, de 67 años, asegura que entre marzo de 2013 y enero de 2015 -poco antes de que le bajaran su sueldo- debía entregar boletas de honorarios a la Cámara y figurar como “asesor comunicacional”.

“Durante los meses de marzo de 2013 a enero de 2015, aun cuando seguí mis labores habituales, debí entregar una boleta de servicios como asesor comunicacional a la corporación”, afirmó Díaz.

En efecto, según Transparencia Activa, Díaz -conocido en la UDI como chofer del diputado Morales- figura con boletas extendidas a la Cámara que lo señalan como “asesor comunicacional” del diputado y, a partir de febrero de 2015, aparece como “conductor”.

La demanda laboral había sido interpuesta en el Primer Juzgado de Letras de Valparaíso. Lo que reclamaba el asesor despedido era que, en su calidad de chofer, al ser finiquitado, recibió una indemnización que no corresponde a la real por sus años de servicios. “Dicho finiquito no reconoce mi antigüedad laboral efectiva, limitándose solo al segundo periodo en que formalmente fui trabajador (conductor) del referido parlamentario y desconociendo mi real y efectiva antigüedad laboral, la que como se ha indicado, mantuve desde junio de 2012”, señala la demanda.

Acuerdo y retractación

Desde diciembre de 2017, Ismael Díaz trabaja como “administrativo” en el Comité Parlamentario de la UDI de la Cámara de Diputados.

La Tercera contactó tanto al diputado como a su extrabajador. El primero señaló que poseía documentos donde Díaz se retractaba de sus dichos. Díaz, por su parte, señaló haber llegado a un acuerdo judicial con el diputado y que había dado vuelta la página, retractándose de la demanda y de sus dichos vertidos en ella. “De repente hay elementos de presión para poder lograr el objetivo que era conseguir mis lucas”, explicó.

-¿Entonces es falso lo que dijo en su demanda?
-Eso descúbrelo tú.

Y agregó sobre el acuerdo: “Esto fue una reunión que tuvimos entre caballeros, conversamos, llegamos a un acuerdo, se firmó, para dejar constancia por ambas partes y listo”, afirma.
La demanda ingresada en julio de 2017 tuvo propuesta de advenimiento 27 días después y fue trasladada al Tribunal de Curicó, ciudad que forma parte del distrito del diputado. En esta se pactan $ 7 millones para Díaz, “a objeto de poner término al juicio”, dice el acuerdo. Ese pago, según consta, lo ofreció y efectuó la Cámara de Diputados en tres cheques, cuya representación cae en Miguel Landeros, secretario de la corporación.

El acuerdo quedó ejecutoriado en diciembre pasado, cuando el chofer volvió a trabajar al Congreso.

Al ser consultado sobre la veracidad de los montos comprometidos en la demanda, Díaz afirma que es efectivo que ganaba $ 2,3 millones y que le bajaron el sueldo. Y respecto de si era real que prestaba servicios comunicacionales, se limitó a decir que “hacía de todo”.

Fuente: La Tercera

 

Comentarios