Desde el día 6 de abril, Multitiendas Corona S.A. se sumó a la lista de las compañías que han decidieron acogerse a la Ley de Protección del Empleo durante la crisis sanitaria por el COVID-19, obligando a sus más de 3.000 trabajadores y trabajadoras a lo largo de todo Chile, a firmar los famosos pactos de suspensión de contrato, que ya se hacen recurrentes en estos casos.
Los representantes de las y los funcionarios de Corona, denunciaron esta situación y manifestaron la impotencia que les genera el tener que aceptar, involuntariamente, las condiciones que señala dicho documento, el cual establece que recién en septiembre podrían retomar el vínculo laboral con la empresa.
En este pacto, Corona explica esta determinación estableciendo que, debido a “la restricción de circulación de personas” por la emergencia sanitaria, “el empleador ha tenido que paralizar sus actividades desde el 21 de marzo de 2020, lo que implica una grave afectación a sus ingresos. A esto se suman las pérdidas económicas de la compañía por causa del estallido social desde octubre de 2019″.
Esto ya da lugar a interpretaciones, ya que la Ley de Protección al Empleo establece que “la autoridad competente” debe ser la que ordene la paralización de actividades o prohíba la prestación de servicios laborales contratados, cosa que, de acuerdo a lo que comunica la firma, no procedió de esa manera.
De esta forma, la entidad determina – amparándose en la nueva ley del Gobierno – suspender el contrato de trabajo de sus funcionarias y funcionarios desde el 1 de abril hasta el 31 de agosto de este año. Es decir, Corona no tendría obligación de pagar remuneraciones a sus trabajadores por cinco meses.
Ante esto, el presidente de la Federación de Sindicatos de Multitiendas Corona, Juan Soto Pizarro, denuncia que sus representados y representadas tienen incertidumbre, impotencia, y que se sienten abandonados por la empresa y por el Gobierno.
“Para nosotros esto no es un pacto, porque eso significa que yo puedo decir si estoy de acuerdo o no. Y aquí en ningún momento se nos consultó nada, sino que se nos obligó a firmar. Y como trabajadores quedamos en la nada. Anteriormente, en conversaciones con la gerencia en Santiago, quisimos darles ideas de cómo podíamos sobrellevar esta pandemia. Sabíamos que los números venían bajos desde el estallido social y como trabajadores nos comprometíamos a aportar en este sentido”, sostiene Soto, quien asegura que no se les tomó en cuenta y se les advirtió que debían acatar la decisión que estaba tomada.
Además, el representante sindical denuncia que “antes de que la empresa decidiera suspender los contratos, entre el 18 de marzo y fines de ese mes, despidió a 500 trabajadores y trabajadoras, quienes tenían contrato a plazo fijo o por menos de dos años”.
Por último, el dirigente advierte que “a muchos trabajadores no les alcanza con su seguro de cesantía, y hay 60 empleados que ni siquiera lo tienen“, y afirma que como sindicatos se están organizando para ayudar a estas personas, a las que la compañía no entrega ninguna solución.
