El ministro de Defensa Alberto Espina decretó el retiro absoluto del capitán Rafael Harvey Valdés de la institución castrense, quien saltó a la luz pública luego de denunciar hechos de corrupción al interior del Ejército.
El decreto exento -fechado el pasado 22 de mayo- establece que la decisión adoptada por la institución castrense de expulsar al ahora oficial (R) no tuvo carácter arbitrario. Para ello analizó no solo las listas de retiro donde fue incluido Harvey, sino también todos los recursos judiciales que el militar presentó en distintos tribunales desde 2018. El último fallado en su contra por la Suprema a principios de año.
Para dictar la medida, Defensa hizo un análisis jurídico, para sustentar la determinación firmada por Espina como superior de la cartera.
Entre otras, que las Fuerzas Armadas tienen un estatuto de personal que anualmente determina qué oficiales pasarán a retiro “de acuerdo a los cupos disponibles y las calificaciones de los mismos”, que realizan las juntas de Selección de Oficiales y la de Apelaciones.
Defensa tuvo en consideración varios documentos, entre ellos una calificación en lista 4 “deficiente” lo que, conforme a la ley, implica “ser eliminado del servicio”.
Según supo este medio, la secretaría de Estado realizó varias consultas antes de decretar el retiro de Harvey. Entre ellas al Estado Mayor Conjunto, al Ejército, la fiscalía militar, las subsecretarías de Defensa y para las Fuerzas Armadas. Junto a los anteriores, la asesoría jurídica de la cartera estimó que Harvey había agotado los recursos judiciales. Por esa razón su retiro podía ser cursado.
El periplo
Los hechos que culminaron con su baja comenzaron el 10 de julio de 2015 cuando Harvey presentó una denuncia en contra de oficiales superiores del Regimiento Tacna por el cobro indebido de indumentaria militar a soldados conscriptos de escasos recursos.
A raíz de esta denuncia, Harvey fue procesado por la justicia castrense por el delito de sedición y estuvo en prisión preventiva en una unidad militar, pese a ser el denunciante de casos de corrupción.
En enero de 2019, la fiscalía militar dictó el fallo de primera instancia, condenando a Harvey a cinco años de presidio por el mencionado ilícito.
El caso llegó hasta la Corte Marcial que el 11 de julio del mismo año revocó todos los cargos en contra de Harvey atendido a que la fiscalía militar no sustentar pruebas que incriminaran al oficial.
Harvey intentó que la justicia aplicara a su favor el artículo 90 A del Estatuto Administrativo que protege a los denunciantes de hechos de corrupción en la administración pública.
Sin embargo, en enero de 2020, la Tercera Sala de la Corte Suprema estimó que no era aplicable al caso.
Harvey actuó como denunciante en varios casos donde se investigan delitos asociados a la falta de probidad en el Ejército. Uno de ellos fue el “Milicogate” que sustancia la ministra civil de la Corte Marcial, Romy Rutherford. En este proceso se acreditó que al menos 10 millones de dólares fueron a parar a los bolsillos de distintos militares durante varios años.
Consultado por el documento al que tuvo acceso Radio Bío Bío, tanto Harvey como sus abogados declinaron referirse a los hechos, argumentando que su cliente aún no ha sido notificado.
En todo caso Harvey podría recurrir a la justicia en contra de la decisión del ministro de Defensa, Alberto Espina.
Este medio consultó al aludido ministerio y no entregó ninguna versión.
El Ejército, en tanto, informó “el mencionado oficial hizo uso de todos los recursos (…) judiciales (…) lo que finalmente se ratificó con el último fallo de la Corte
Suprema de Justicia, (…) confirmando la legalidad de lo resuelto en su oportunidad”.
