La madrugada de este miércoles fueron detenidos dos funcionarios de Gobierno, quienes estaban con alcohol y portando cajas de alimento que se entregan a familias afectadas por la pandemia.
El hecho ocurrió pasadas las 00:30 horas en avenida Colón, en la comuna de Hualpén, a la altura del Club Hípico, durante una fiscalización a una camioneta negra marca Mitsubishi.
Según consta en el parte policial, cuando el personal de la Armada solicitó la documentación del vehículo notó que el conductor expelía olor a alcohol, dato que indicaron a los carabineros de la cuarta comisarìa de Hualpén, que los acompañaban en los controles, señaló el capitán Víctor Jerez, de esa unidad policial.
La detención de ambos funcionarios públicos desató la indignación del intendente del Bío Bío, Sergio Giacaman, quien solicitó el fin del vínculo laboral de los arrestados.
Además serán presentadas querellas por infracción al artículo 318 del Código Penal y por la conducción en estado de ebriedad.
Pero eso no es todo, ya que en la camioneta se hallaron cajas de alimentos destinadas a familias afectadas por la pandemia, por lo que el intendente solicitó que se realice un sumario.
La persona que iba al volante y dueño de la camioneta es Alvaro Toledo, el funcionario a honorarios de la Gobernación, mientras que su acompañante era el jefe provincial de Educación de Concepción, Mario Signorelli.
El primero fue formalizado por la conducción en estado de ebriedad y el segundo por el artículo 318, al carecer de salvoconducto y poner en peligro la salud pública en tiempos de pandemia.
La detención, fue declara ilegal por el Tribunal de Garantía del puerto, porque quebrantar el toque de queda no es delito y la conducción en estado de ebriedad no amerita pasar a la audiencia de control, salvo que se provoquen daños, lesiones o la muerte de una persona.
O sea, no correspondía privarlos de libertad, sino dejarlos citados, por lo mismo se desechó la petición de arresto domiciliario nocturno, por desproporcionada; y la suspensión de la licencia de conducir de Toledo, porque sería una condena anticipada, argumentó la jueza Antonia Godoy.
Los arrestados quedaron sin medidas cautelares, aunque la investigación seguirá adelante por tres meses, porque la irregularidad existió pero no acarrea graves sanciones penales.
