- Seminario -organizado por el Centrass- contó con las exposiciones de los académicos María Soledad Jofré y Rodrigo Henríquez.
- Abogados se refirieron -entre otros- a las consecuencias que dejó esta iniciativa en régimen.
- Fondos de AFP disponían -hasta el mes de julio del 2020- un total de US $200 mil millones, lo que significa el 81,7% del Producto Interno Bruto.
Un análisis de la tramitación, el contenido y los efectos de la ley que permite el retiro, por única vez, del 10% de los fondos previsionales, en el contexto de la emergencia sanitaria producto de la pandemia de Coronavirus, fue el tema central de un seminario virtual, organizado por el Centro de Derecho del Trabajo de la Seguridad Social de la Universidad de Talca (Centrass).
En su exposición, la profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UTalca, María Soledad Jofré, sostuvo que una de las consecuencias relevantes de la Ley 21.248 es el desafío de generar un nuevo sistema previsional en nuestro país. En definitiva, dijo, la idea es un mecanismo que cumpla con los parámetros internacionales, que sea acorde a nuestra realidad y que permita finalmente, contar con un modelo que “avance hacia la universalidad, la eficiencia de las prestaciones, y un sistema de seguridad social, apropiado y decente, que permita garantizar pensiones dignas”.
La académica también profundizó en los efectos del retiro de los fondos de quienes han utilizado el beneficio. Agregó que es interesante pero poco alentador respecto del sistema, el verificar que el retiro del 10% de los fondos no significará un impacto relevante en el monto final de las pensiones.
Añadió que la pandemia de Coronavirus y sus efectos hizo posible el visibilizar los problemas de fondo de nuestro país, como la desigualdad, las dificultades previsionales y también laborales. “Aquí la pregunta es si sacar el 10% de los fondos soluciona los problemas concretos que tienen las personas producto de estar sin trabajo desde marzo. La respuesta es probablemente no, pero sí dará un alivio a las personas que necesitan estos ingresos ahora. También está la idea de propiedad sobre los fondos. Ello ha sido un empujón fuerte para que esto haya salido”, dijo.
En tanto, el profesor de Derecho de Seguridad Social de la UTalca, Rodrigo Henríquez, dijo que la iniciativa legal, recientemente en régimen, tiene efectos sociales, económicos y políticos de relevancia, este último factor a partir de la tramitación de la iniciativa en el legislativo. En su exposición, el académico fue enfático en afirmar que “uno de los elementos importantes es que se convierte al sistema de Administradora de Fondos de Pensiones -que era intocable- en algo que se puede se puede tocar”.
El académico, que revisó algunas de las propuestas alternativas para un nuevo sistema previsional, sostuvo que “respecto al sistema civil y militar, sería ideal que estuviese fundido en uno solo. El régimen de financiamiento debería ser tripartito y el aumento de las cotizaciones, obviamente, tendría que ser escalonado para llegar al 20%. El Estado tendría que hacer aportes a este fondo para financiarlo, tal como lo hace ya en el sistema del Pilar Solidario”, enfatizó.
Henríquez añadió que el fondo disponía -hasta el mes de julio del 2020- un total de US $200 mil millones, lo que significa el 81,7% del Producto Interno Bruto. Agregó que, de ese total, el 55% de los recursos se invierten en Chile y un 45% restante en el extranjero.
