“Nosotros como Gobierno pensamos que hay que hacer un rediseño muy completo de todo el sistema”, aseguró Hernán Larraín, en respuesta a las falencias que permitieron que el imputado por el crimen de Ámbar Cornejo saliera en libertad.
El crimen de Ámbar Cornejo, la adolescente de 16 años cuyo cuerpo fue encontrado ayer en la casa de su padrastro en Villa Alemana, volvió a poner sobre la mesa el debate respecto a las libertades condicionales y al sistema judicial en su conjunto.
Esto, porque el único imputado por el asesinato de la menor es la pareja de su madre, Hugo Bustamante, quien en 2005 fue condenado a 27 años de cárcel por un doble homicidio, pero que en 2016 obtuvo la libertad condicional.
Al respecto, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, reconoció que cuando el sospechoso recibió el beneficio el sistema penal “tenía desgraciadamente vacíos que han sido corregidos”, y aclaró que “no se debió a cuestiones relacionadas con el gobierno de la presidenta Bachelet”.
Precisó que aquellos “espacios” fueron modificados el año pasado, en un trabajo conjunto de todas las fuerzas políticas, pasando la libertad condicional de derecho a beneficio y aumentando las exigencias para poder acceder a ella.
En ese sentido, Larraín justificó la decisión de los jueces que en ese entonces firmaron la libertad de Bustamante en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, pese a que no quiso referirse directamente a la acusación constitucional que anunciaron algunos parlamentarios del oficialismo en contra de la magistrada que presidió dicha comisión.
“A mí no me corresponde juzgar lo que hacen los parlamentarios. No es mi rol, no es mi responsabilidad, de manera que creo que en esta materia hay que hacer muy cuidadosos en lo que se diga. Quiero señalar que los jueces en ese minuto operaron de acuerdo a las reglas del juego vigente y por eso que las cambiamos, por eso que decidimos cambiarlas, porque eran normas que dejaban espacios para que ocurriera lo que ocurrió”, afirmó.
Según dijo, “si (los jueces) obraron o no obraron bien, es un juicio que siempre queda abierto respecto de cada una de las personas que toma decisiones, pero no me corresponde a mí juzgar las decisiones de parlamentarios que quieren hacer uso de sus atribuciones”.
“REDISEÑO COMPLETO AL SISTEMA”
El secretario de Estado abordó también los cambios que están trabajando en el Ejecutivo al sistema judicial. Dijo que dichas modificaciones van a ser anunciadas durante los próximos meses y que tienen como propósito fortalecer el código penal, el código procesal y la ejecución penal.
“Nosotros como Gobierno y en particular este ministerio pensamos que hay que hacer un rediseño muy completo de todo el sistema. Primero, del sistema penal, y tenemos un proyecto de nuevo Código Penal que esperamos presentar muy luego a tramitación en el Congreso. Segundo, a través de cambios en el sistema procesal penal para reducir cierto garantismo y fortalecer la fuerza de la ley respecto de quienes cometen delitos, sobre todo graves y reincidentes. Y tercero, tenemos un proyecto que avanza en lo que se llama la ejecución penal, esto es, que sean jueces los que una vez dictada la sentencia acompañan el proceso del condenado en todas sus etapas”, señaló Larraín.
A su jucio, “hoy día el juez dicta la sentencia y se olvida del caso, por lo que sugirió “que haya una supervisión judicial de todo el proceso y eso significa del cumplimento de la pena, de los beneficios penitenciarios y de las libertades condicionales”.
“En consecuencia, nosotros creemos que al régimen de libertad condicional, que quedó bien estructurado, se le agregue el cambio al sistema penal, a las adecuaciones procesales penales y que instalemos el régimen de ejecución penal que permite cerrar el círculo (…) La propia asignación de la libertad condicional tiene que estar siempre hecha bajo la supervisión de los jueces que están llevando la ejecución penal. Y eso me parece que va a ayudar a evitar situaciones negativas hacia el futuro”, detalló el ministro.
Y agregó: “De alguna manera hay un sistema vigente, hay gente que supervisa el cumplimiento de las libertades condicionales, pero obviamente esto es débil y no hay alguien que haga una supervisión desde el Poder Judicial, que es el que determinó la condena durante todo este proceso. Por eso que estamos trabajando esta transformación”.
