El SII les dio plazo hasta el 30 de noviembre para devolver el dinero. Por esto, Carabineros inició un proceso que consiste en preguntarle a cada persona que está en la lista si reconocen haber obtenido el bono. Los que lo acepten deben firmar un acta y devolver los $ 500 mil. Desde la PDI dijeron que “el personal en ningún momento vio afectada sus remuneraciones”, por lo que adoptarán “drásticas medidas”.
El 8 de octubre la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, empezó a investigar la obtención irregular de los $ 500 mil contemplados en el Bono Clase Media, por parte de personas que no cumplían con los requisitos para recibir el beneficio.
Esto, luego de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) informara que unos 437.703 trabajadores dependientes presentaron diferencias entre el monto que autodeclararon como sueldo tributable de julio de 2020 al momento de pedir ese beneficio y el real calculado a partir de sus cotizaciones previsionales obligatorias o de lo efectivamente percibido. De estos, cerca de 37 mil pertenecían al sector público.
Un poco antes de la apertura de la investigación penal, el fiscal nacional, Jorge Abbott, ofició a inicios de octubre al director del SII pidiendo el listado completo de las personas que incurrieron en las infracciones. Esa vez el Ministerio Público informó que la indagatoria podría ser por los eventuales delitos de fraude de subvenciones, perjurio, entre otros ilícitos.
Así, en las policías y los organismos del sistema penal, como la fiscalía y el Poder Judicial, empezaron a hacer su propio levantamiento luego de que el SII les enviara los antecedentes recabados.
En el caso de Carabineros, Impuestos Internos les envió un listado con 1.370 RUT de funcionarios de la policía uniformada, carabineros activos y policías en retiro, que a nivel nacional que obtuvieron el bono de clase media sin tener los requisitos. En total, entre civiles y carabineros, en la institución son 66 mil personas.
El SII les dio plazo hasta el 30 de noviembre para devolver la plata. Por esto, Carabineros inició un proceso que consiste en preguntarle a cada persona que está en la lista si reconocen haber obtenido el bono. Los que lo acepten deben firmar un acta y devolver el bono. En esa acta se deja claro que si ocultaron haberlo cobrado, deben asumir las responsabilidades legales y administrativas que esto provocaría.
Según fuentes policiales, hay civiles que han dicho que tenían trabajos a través de boletas de honorarios fuera de su horario laboral en Carabineros y que por pandemia tuvieron que dejar de ejercerlo. Así han justificado que vieron afectados sus ingresos, que sí tuvieron un afectación en sus remuneraciones y que por ese motivo pidieron el beneficio. De esta forma, en cada caso el jefe está determinando medidas administrativas si procediera.
En tanto, en la Policía de Investigaciones (PDI) hay 48 funcionarios que habrían recibido el beneficio. “En este contexto la PDI adoptará las más drásticas medidas, considerando que el personal en ningún momento vio afectada sus remuneraciones y que estaba al tanto de las implicancias administrativas en el caso de solicitarlo”, señalaron desde la institución. La dotación total de la policía son 12.839 personas, entre civiles y uniformados.
En el Ministerio Público, la Fiscalía Nacional informó a las fiscalías regionales los nombres de los funcionarios que obtuvieron el bono sin tener los requisitos, para que se inicien sumarios. Según la institución, en total son 46 personas. Además, señalan que no hay fiscales entre los beneficiados y que las personas pertenecen a diversas regiones y no se han registrado casos ni en Los Lagos, Ñuble o Magallanes. En total, la fiscalía está compuesta por 4.500 personas.
En el caso del Poder Judicial, según informó El Mercurio, el pleno de la Corte Suprema ordenó sumarios a 230 funcionarios. Ninguno de ellos serían ministros, jueces o relatores. En esta institución son en total 10.457 funcionarios del Poder Judicial, 694 de apoyo y 1.077 de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
