MOLINA. Con el objetivo de evitar contagios de Covid-19, comienza a regir a partir de hoy el uso obligatorio de mascarillas en todos los lugares públicos de la comuna.
Mediante una Ordenanza Municipal, la alcaldesa Priscilla Castillo informó a la comunidad sobre esta medida implementada con el objetivo de disminuir el riesgo de propagación de esta compleja enfermedad que, al cierre de esta edición, mantenía la cifra de siete personas contagiadas al interior de la turística comuna.
La disposición legal se mantendrá vigente mientras se mantenga el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia decretado por el Gobierno.
De acuerdo al texto legal aprobado en Concejo Municipal, se establece la obligación de usar mascarilla ya sea industrial o artesanal, siempre que cubra nariz y boca. Esto será imperativo no solo en las calles públicas, sino que también en recintos públicos o privados cerrados que atiendan público y/o que generen aglomeración de personas; tales como supermercados, farmacias, ferias libres, parques y plazas, entre otros.
“Nuestra prioridad es cuidarnos y proteger la vida de las personas. Por eso, con el Concejo Municipal aprobamos una Ordenanza para el uso obligatorio de mascarillas en todo lugar, excepto cuando uno esté en su casa”, dijo la alcaldesa Priscilla Castillo, agregando sobre estos elementos de protección, que “ojalá sean reutilizables, para que uno las pueda lavar y volver a usar. Estamos con varios emprendedores fabricando mascarillas para que nadie se quede sin su mascarilla y pueda protegerse tanto a sí mismo como a los demás”.
De igual manera, la jefa comunal confirmó que el municipio continuará con la desinfección periódica de barrios tanto del sector urbano como de las zonas rurales, además de efectuar sanitización de vehículos.
Quienes desobedezcan esta medida, se exponen a multas de una Unidad Tributaria Mensual (UTM), quedando la fiscalización a cargo de los inspectores municipales y de la Dirección de Seguridad Pública de Molina.
Quedan exentos de la obligación serán menores de cinco años y las personas que por condiciones intelectuales o de salud, no puedan usar este elemento de protección.
