Diversas autoridades de organismos públicos deberán someterse prontamente a un test de drogas, el que debe ser aplicado todos los años por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), de acuerdo con lo estipulado por las leyes 18.575 y 20.000.

Ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, consejeros regionales, alcaldes, directivos del Banco Central y jueces, entre otros cargos, son quienes deberán efectuarse este examen entre mayo y agosto.

El proceso para la ejecución de los test comenzará con el envío de oficios informativos a los organismos que pueden ser requeridos para el control, confirmó Carlos Charme, director de Senda a La Tercera.

Posteriormente, el 29 de abril, se publicarán las bases de la licitación para que una empresa externa se haga cargo de la toma de muestras. El Senda, en tanto, por sorteo y ante notario, escogerá a 40 reparticiones públicas en las que se efectuará el procedimiento, mientras que otras 40 serán “suplentes” ante alguna eventualidad.

En mayo la licitación será adjudicada, por un costo de 35 millones de pesos, para luego realizar los test hasta agosto. Finalmente, la empresa externa encargada deberá emitir un informe preliminar de los resultados en septiembre y otro documento definitivo enoctubre.

Según Charme, se estima que en cada institución pública entre 10 y 15 funcionarios serán sometidos al examen de detección de drogas ilícitas, quienes serán seleccionados aleatoriamente. En total, entre 350 y 450 funcionarios públicos deberían someterse al proceso.

Cabe recordar que esta legislación no incluye a diputados y senadores, pero se está trabajando en un proyecto de ley para que el control antidrogas se extienda también a los parlamentarios.