Amnistía Internacional (AI) criticó el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones en Chile luego de realizar una misión de investigación en nuestro país.

AI sostuvo que “las fuerzas de seguridad bajo el mando del Presidente Sebastián Piñera – principalmente el Ejército y Carabineros– están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta“.

“La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes”, enfatizó la directora para las Américas de AI, Erika Guevara.

La representante de Amnistía Internacional remarcó que “la responsabilidad penal individual por estos hechos no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo. Garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día”.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer, enfatizó que la situación en nuestro país “no puede seguir así. Las autoridades deben velar porque las personas defensoras de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil puedan seguir haciendo su trabajo libremente, sin ningún tipo de presión, amenaza ni represalia”.

“Lamentablemente las violaciones ocurridas durante esta crisis no son nuevas y habían sido reiteradamente denunciadas por Amnistía Internacional y el resto de la sociedad civil chilena durante los últimos años. Esta trágica página de la historia de Chile tiene que servir de una vez por todas para llevar a cabo las reformas institucionales y estructurales que la sociedad demanda, como la reforma de la policía o la garantía de los derechos sociales”, agregó.

“Violaciones a los DDHH responden a un patrón”

AI sostuvo en su informe que las “violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi llevado a cabo a lo largo de todo el país principalmente por parte de Carabineros”.

Asimismo planteó que “la decisión del Presidente Piñera de sacar al Ejército a las calles tras imponer el estado de emergencia tuvo consecuencias catastróficas. Tanto el mando que decidió utilizar al Ejército para el control de manifestaciones con uso de armamento letal, como aquellos oficiales que dispararon contra las personas que se manifestaban, y que les causaron la muerte o hirieron de gravedad, deben ser investigados y, de hallarse pruebas suficientes en su contra, juzgados por un tribunal independiente e imparcial”.

El organismo documentó, hasta el momento, “23 casos de violaciones de derechos humanos en las regiones de Valparaíso, Tarapacá, Biobío, Antofagasta, Coquimbo, Maule y Araucanía, así como en 11 comunas de la Región Metropolitana de Santiago ocurridos entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre”.

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La entidad dio a conocer sus conclusiones este jueves (Foto: ATON)

Casos de tortura

En su informe, AI recoge tres casos de tortura: La muerte de Álex Núñez, quien fue brutalmente golpeado por Carabineros en Maipú; el caso de Josué Maureira quien sufrió tortura sexual por parte de las fuerzas de seguridad; y el de una persona cuya identidad se mantiene en reserva quien producto de una brutal golpiza sufrió la pérdida irreversible de la visión en un ojo, fractura nasal, la luxación de un hombro y el quiebre de tres costillas.

Otro caso que destaca AI es el de Cristóbal Alexis “Flen” a quien, luego de sufrir una golpiza por parte de Carabineros, fue impedido de que el médico registrara exhaustivamente sus lesiones.

Amnistía Internacional también registró “la práctica de los carabineros y soldados de atropellar o intentar atropellar a manifestantes mientras caminaban por la calle en al menos nueve ocasiones en las ciudades de Colina, Quilpué, Santiago, Viña del Mar y Valparaíso. De esta manera, un militar arrolló y mató a Manuel Rebolledo, de 23 años, en la localidad de Talcahuano”.

Uso de armas potencialmente letales

Amnistía Internacional criticó el el uso constante e inadecuado de escopetas en contextos de protesta.

Junto con informar “un caso de muerte por perdigones”, AI documentó “14 casos de daños a la integridad física, siete de ellos por lesiones oculares irreparables, y ha corroborado casi 20 operaciones policiales de este tipo a través de la verificación de imágenes”.

“Este análisis demuestra que Carabineros (y en menor medida el Ejército) ha usado escopetas tipo Benelli M3 y Escorts Aimguard con munición potencialmente letal de forma injustificada, generalizada, indiscriminada y en muchos casos apuntando a la cabeza“, agregó el informe.

Aministía reportó también la muerte de Kevin Gómez, quien falleció producto de una “herida torácico pulmonar producto de múltiples proyectiles” disparados por un militar en Coquimbo, de acuerdo a la declaración de los testigos.

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Cuestionaron el uso de armas potencialmente letales por parte de Carabineros (Foto: ATON)

El organismo alertó también por “el uso de gas lacrimógeno de manera inadecuada y en cantidades alarmantes en al menos 11 eventos, así como en hospitales, universidades, viviendas e incluso colegios, afectando seriamente a niños, niñas, adolescentes y otras poblaciones que requieren especial cuidado”.

“Su lanzamiento al cuerpo de las personas a corta distancia y a través de lanzagranadas como los Penn Arms L137-3, ha generado lesiones severas, entre ellas oculares”, remarcó.

“También se ha identificado el uso de granadas de humo que pueden ser extremadamente tóxicas y están diseñadas para su uso en conflictos armados y, por ende, son inadecuadas para el control de manifestaciones. Este supuesto ocurrió el día 14 de noviembre en Temuco, cuando personal médico y de rescate fue atacado con un cañón lanza aguas y una granada de humo mientras socorrían a personas heridas”, añadió.

Amnistía advirtió que “en varias ocasiones las autoridades han obstaculizado la labor de abogados, defensores de derechos humanos y personal médico, impidiendo su acceso a comisarías o centros hospitalarios”.

Las recomendaciones de AI

Tras su investigación en nuestro país, Amnistía entregó cuatro recomendaciones:

1) “Las autoridades deben cesar la represión de manera urgente, dando órdenes precisas a las fuerzas de seguridad para que ejerzan la máxima restricción en el uso de la fuerza que solo debe ser aplicada de manera progresiva, proporcional y diferenciada, en línea con los estándares internacionales que rigen la materia.

Las autoridades deben además ser muy enfáticas en el uso excepcional de armas letales y aquellas consideradas como potencialmente letales para que nunca se usen como medio de disuasión y solo se recurra a ellas de manera puntual y ante una amenaza clara y manifiesta para la vida e integridad física de quienes protestan o de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

2) Los órganos de justicia deben investigar la responsabilidad del mando en las violaciones a derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en el contexto de esta crisis en manos del Ejército y la policía, de acuerdo con el ordenamiento jurídico chileno y los estándares internacionales.

3) Las autoridades deben asegurar que las legítimas demandas de la población son atendidas. Se deben llevar a cabo de forma urgente las reformas legislativas y de política pública necesarias para garantizar de forma efectiva los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para todas las personas, sin discriminación y con especial atención a las personas en mayor situación de desprotección, así como asegurar un proceso participativo e inclusivo hacia una nueva constitución que proteja y promueva todos los derechos humanos.

4) Las autoridades deben emprender una reforma seria y profunda de la policía. Esto incluye revisar su marco normativo con miras a transformar la institución para que garantice que todas sus actuaciones se realizan apegadas a los derechos humanos y que la institución cuenta con mecanismos estrictos de control y rendición de cuentas.