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SAG continúa fiscalizando para asegurar la transparencia del mercado

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Con la finalidad de mantener y asegurar la transparencia del mercado, el Servicio Agrícola y Ganadero de la Región del Maule continua fiscalizando a poderes de compra de maíz, trigo y uva vinífera, para dar cumplimiento a la Ley N° 20.656 que regula las Transacciones Comerciales de Productos Agropecuarios y sus reglamentos.

El director regional del SAG Maule, Fernando Pinochet, destacó el accionar del Servicio en época de pandemia, señalando que “el SAG ha continuado ejecutando aquellas acciones que son críticas dentro de nuestro quehacer, y como parte de ello está el de fiscalización en sus distintos ámbitos. Ahora, el objetivo de esta normativa está dado por establecermecanismos e instrumentos que colaboran a la libre determinación de precios en las transacciones de productos agropecuarios, a través de procedimientos de análisis de muestras y contramuestras y medición de los productos agropecuarios que se transan en el mercado nacional y que no se encuentren regulados por una ley especial; esto con el fin de transparentar los procedimientos de toma y análisis de las muestras de productos agropecuarios, cuando el precio de ellos esté subordinado a características determinadas por el comprador”.

En la región del Maule existen aproximadamente 19 poderes de compra de maíz y de 26 trigo, los cuales compran por calidad o volumen y varían en menor grado año a año; para el caso de la uva vinífera existen alrededor de 110 poderes de compra de esta especie, destinada a la elaboración de vino y mosto, los cuales también varían año a año, y en este caso la compra se fiscaliza por volumen.

En lo que va de esta temporada, y según lo mencionado por Ana Cabrera, Encargada Regional de la Ley de Muestra y Contramuestra en el SAG, “una de las exigencias que establece esta normativa es transparentar el mercado, y cómo se hace?, a través de la publicación de precios, condiciones comerciales, oportunidad de pago, entre otras, en un lugar al interior de la agroindustria, pero que sea visible por el productor desde fuera; en caso de no publicar de la forma indicada, deben presentar contratos firmados por ambas partes con anterioridad a la entrega del producto. Lo anterior para que el agricultor, pueda libremente elegir, en base a sus necesidades e intereses, la agroindustria a la cual le va a vender su producto”.

Otras exigencias de esta Ley dicen relación con la existencia de un veedor, figura que representa al agricultor o grupo de agricultores, quien supervisa todo el proceso de recepción del producto, pesaje, toma de muestra y análisis; la estandarización de laboratorios de ensayo de los poderes compradores, los cuales deben estar inscritos en el SAG y deben cumplir con ciertas exigencias a fin de homologar estándares de análisis; calibración de equipos e instrumentos en el laboratorio los cuales también deben estar inscritos en el SAG; solicitar el análisis de una contramuestra cuando el agricultor no acepte el resultado analítico; y conocer dichos resultados, los cuales condicionarán el precio, con anterioridad al pago.

Durante el presente año el SAG ha realizado 89 fiscalizaciones a las agroindustrias que compran trigo, maíz y uva vinífera; y el Servicio ha señalado que mantendrá la ejecución de las fiscalizaciones, aún cuando los poderes de compra algunos hayan cerrado, dado que es necesario fiscalizar las liquidaciones, tanto en cuanto a cumplimiento de monto como de oportunidad de pago; así como también el registro de análisis de laboratorio y notificación oportuna de los resultados analíticos a los agricultores.

Como resultado de estas fiscalizaciones se han detectado incumplimientos los que se han traducido en Actas de Denuncia y Citación, en donde se cita al infractor al SAG, sea persona natural o jurídica, para que presente sus descargos. Los principales incumplimientos en la región tienen relación con cobros indebidos, no notificación al agricultor del resultado analítico de su producto, ausencia de responsable técnico en labores analíticas, no facilitar la fiscalización, guías de recepción incompletas, falta de calibración en equipos, entre otras.

 

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