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Investigación por supuesta malversación de caudales públicos en la Escuela de Caballería de Carabineros.

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La segunda sala de la Corte Suprema determinó que por ley la justicia castrense tiene la competencia para continuar con una investigación por la supuesta malversación de caudales públicos en la Escuela de Caballería de Carabineros, ilícito que habría sido cometido por funcionario “militar” en servicio.

En el fallo unánime de los ministros Carlos Künsemüller, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y los abogados (i) Diego Munita y María Cristian Gajardo– el máximo tribunal declaró competente para conocer de la causa al Segundo Juzgado Militar con asiento en Santiago, tribunal militar al que deberán remitirse los antecedentes del caso.

La resolución recuerda que “el artículo 6 del Código de Justicia Militar define ‘militares’ como los funcionarios pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, expresando en el inciso 4° del mismo artículo que para determinar la competencia de los tribunales militares se debe poseer la calidad de ‘militar’ al momento de la comisión del delito”.

“Bajo esas premisas, corresponde establecer la competencia de los tribunales de fuero, en atención, por una parte, a la naturaleza evidentemente antijurídica de los acontecimientos los que ocurrieron en un recinto militar, y, por la otra, que el inculpado se encontraba en servicio activo y en cumplimiento de un desempeño rutinario, lo que permite asumir que los delitos que se cometan en esas circunstancias se efectuaron con ocasión del servicio militar”, expone el fallo.

El caso refiere a una denuncia en contra de Mario Leónidas Pineda Peña, quien en su calidad de veterinario de los caballares de la Escuela de Caballería de Carabineros, habría cometido irregularidades al utilizar personal a contrata, insumos y dependencias de la institución en la atención de ejemplares particulares, recibiendo honorarios por tales procedimientos, sin informar a sus mandos. También se denunció que en su calidad de jefe del servicio veterinario efectuó el requerimiento de toma de muestras y exámenes para los animales fiscales por vía de trato directo, mediante emisión de órdenes de compra en el portal Chile Compra a favor del laboratorio Rimat y Compañía Limitada, propiedad de su cónyuge.

Fue la propia institución la que detectó la irregularidad y que se cursó la baja del veterinario.Pineda no era un carabinero de carrera y ostentaba el grado de capitán como oficial de servicio para efectos administrativos.Los hechos investigados tuvieron lugar en mayo de 2018, cuando encabezaba la institución el general Hermes Soto.

Fuente: la tercera

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